La SCJN ordena juzgar desapariciones de defensoras con perspectiva de género
El pleno de la Suprema Corte estableció que los casos de desaparición de mujeres defensoras requieren obligatoriamente un enfoque de género e interseccionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución histórica al determinar que todas las investigaciones relacionadas con la desaparición de mujeres defensoras de derechos humanos deben ser analizadas bajo una estricta perspectiva de género e interseccionalidad. Con este fallo, el máximo tribunal del país establece que dicho enfoque no constituye una opción para las fiscalías, sino una obligación procesal ineludible para garantizar el acceso a la justicia.
La decisión surge tras el análisis de casos donde la labor de defensa de derechos humanos coloca a las mujeres en una situación de riesgo diferenciado. La Corte argumentó que las autoridades judiciales deben considerar las dinámicas de poder y las vulnerabilidades específicas que enfrentan las activistas en México, evitando revictimizaciones y asegurando que las líneas de investigación contemplen su actividad social como un factor determinante en los hechos.
Con esta medida, el Poder Judicial busca que las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) estandaricen sus protocolos de actuación. La resolución subraya que ignorar la condición de género en estos expedientes impide comprender el contexto real de la desaparición y obstaculiza la obtención de pruebas fundamentales para esclarecer los paraderos de las víctimas.
Especialistas en derecho constitucional señalan que este criterio obliga a los jueces a cuestionar prejuicios arraigados que suelen minimizar la importancia de la labor de las defensoras. Al integrar la interseccionalidad, los impartidores de justicia deberán evaluar cómo factores como la etnia, la edad o el entorno geográfico incrementan la exposición al peligro de estas mujeres.
Finalmente, la SCJN enfatiza que el cumplimiento de esta obligación es un paso crucial para combatir la impunidad en el país. Se espera que las autoridades ministeriales adopten estas directrices de manera inmediata, reforzando la protección hacia quienes desempeñan una labor fundamental en la defensa de los derechos colectivos y la democracia en México.
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