Segob propone destinar 119.8 millones para defensa jurídica y migración en 2027

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha presentado formalmente ante la Cámara de Diputados su propuesta de asignación presupuestal para el ejercicio fiscal 2027, destacando un incremento significativo en áreas clave de atención ciudadana y gestión institucional. De acuerdo con el documento enviado a San Lázaro, la dependencia solicita una partida de 119.8 millones de pesos destinada específicamente a robustecer los servicios de defensa jurídica, la administración de trámites migratorios y el fortalecimiento de la cultura testamentaria en el país.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 detalla que estos recursos permitirán optimizar la capacidad operativa de las unidades encargadas de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas en tránsito. Según fuentes de la Secretaría, el aumento responde a la creciente demanda de servicios públicos en las delegaciones regionales, donde la gestión de trámites migratorios y la asesoría legal se han convertido en pilares fundamentales para la seguridad jurídica de los ciudadanos.

En cuanto a la atención migratoria, la propuesta contempla la profesionalización del personal y la modernización de los sistemas de registro, buscando agilizar los procesos de regularización y atención humanitaria. La intención de la Segob es reducir los tiempos de espera y asegurar una respuesta más eficiente ante los retos que presenta la movilidad humana en las fronteras y en los centros urbanos del territorio nacional.

Por otro lado, el apartado relativo al apoyo en servicios testamentarios busca incentivar la seguridad patrimonial de las familias mexicanas. A través de este incremento, la dependencia propone ampliar los programas de asesoría gratuita y la coordinación con los notarios públicos de todo el país, con el objetivo de fomentar la certeza legal sobre la propiedad privada y reducir la conflictividad familiar derivada de la falta de testamentos.

La propuesta de la Secretaría de Gobernación será ahora analizada, discutida y, en su caso, aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Los legisladores deberán determinar si este ajuste presupuestal es compatible con la política de austeridad y las prioridades de gasto social establecidas para el próximo año, en un contexto donde el fortalecimiento institucional es prioritario para la administración federal.